Hace pocos días, la Procuraduría General de la Nación en su página web emitió el boletín 170 alertando sobre la ejecución de más 3,3 billones por medio de lo que se conoce como “contrataderos”, por ello la procuraduría requirió a 19 entidades en el país para que informen sobre cómo fueron ejecutados más de 900 convenios interadministrativos.
Dentro de las organizaciones requeridas por el ente de control están la empresa Edeso del municipio de Rionegro – con 108 contratos por un valor superior a los 358 millones de pesos.
El Ministerio Público investiga si las organizaciones tenían la experiencia e idoneidad para ejecutar los proyectos y si se adelantaron procesos de contratación presuntamente incumpliendo los principios de la función administrativa.
Además, se busca establecer si por medio de la celebración de los convenios, estas entidades, obviaron la obligatoriedad de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente.
Lo curioso del asunto es que no se está culpando a nadie, solo se está informando de que se va a analizar el asunto, pero es bastante común que, en el imaginario de las personas, el solo hecho de que una entidad sea nombrada en ese tipo de publicaciones, ya automáticamente es tildada de culpable de algún delito.
Para finalizar, en esta actuación preventiva – la Procuraduría General informó que desarrollará mesas de seguimiento con las entidades en cuestión, con el objetivo de vigilar la ejecución del presupuesto público.
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